Ley Antifraude: el punto de partida de la nueva factura

El reglamento Ley Antifraude indica que el proveedor del software está obligado a impedir la producción y comercialización de programas que se hayan realizado con el objetivo de ocultar datos para defraudar. En este punto, interviene tanto la manipulación de los datos como la generación de posibles dobles contabilidades, el principal foco de atención de la ley. Esta es la principal repercusión de la ley antifraude en programas de gestión.

El uso de un software de gestión que cumpla con el marco legal, se obtiene una mayor trazabilidad y control sobre la contabilidad de cualquier negocio por parte de la Hacienda Tributaria.

Desde la aprobación de la Ley Antifraude fiscal, muchos empresarios se han preguntado acerca de la existencia del software de doble uso y las implicaciones que puede llegar a tener en la operativa de cualquier empresa. El software de doble uso hace referencia a los programas informáticos que permiten manipular la contabilidad de un negocio. Mediante un sistema paralelo, hacen posible la ocultación de ciertos cobros con el fin de rebajar la factura fiscal de la empresa.

Por medio de la prohibición de este tipo de soluciones, toda la contabilidad debe estar en un mismo lugar, siendo completamente trazable por el programa en cuestión. Cualquier transacción que no tenga la visibilidad requerida se convierte automáticamente en susceptible de ser sancionada en caso de inspección. Además de las sanciones económicas que introduce ley contra el fraude, el uso de este tipo de software puede dañar la reputación de la empresa y generar desconfianza entre sus clientes y proveedores.

Igualmente, el uso de un software de doble uso puede dificultar la gestión contable y financiera de una empresa, ya que los datos registrados pueden no ser precisos o confiables. Esto finalmente puede generar errores en la toma de decisiones. En resumen, el uso de un software de doble uso puede tener graves consecuencias legales, financieras y reputacionales para una empresa.

Por tanto, es imprescindible cumplir con las normativas fiscales y utilizar programas informáticos que garanticen la integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros contables tal y como recoge la ley 11 2021 de 9 de julio.

Las empresas y los autónomos que no cumplan con los requisitos de la Ley Antifraude fiscal serán susceptibles de recibir una sanción económica en el momento en el que se demuestre que han actuado violando la ley.

La sanción económica puede llegar hasta los 50.000 euros para los usuarios que utilicen un programa no certificado o si manipulan uno certificado. Para las empresas desarrolladoras que distribuyan programas que permitan este tipo de prácticas también se contemplan sanciones desde los 1.000 €.

Además, con el objetivo de disponer de un mayor control sobre la operativa de las empresas, Hacienda ya ha manifestado que incluirá nuevos y más precisos sistemas de vigilancia que posibilitarán ser más eficaces en el uso de este tipo de programas. Integrando las certificaciones obligatorias, los fabricantes de software podrán ofrecer a sus clientes la tranquilidad que estos necesitan.

La reforma del software antifraude entró en vigor el 11 de octubre de 2021 y el reglamento referente a los requisitos del software está aprobado.

La fecha prevista para que entre en vigor esta parte 1 de julio de 2025. Los principales desarrolladores de software están en permanente contacto con los organismos pertinentes para esquivar posibles sanciones y garantizar que se cumple con toda la normativa en cuestión 

El reglamento Ley Antifraude es el marco legal que establece todos los requisitos que deben cumplir los programas informáticos de facturación para garantizar la integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, de acuerdo con lo dictado en la Ley General Tributaria.

Cada uno de los software de facturación manejados deben guardar un registro de cada factura expedida. Y, además de ello, llevar un registro de los principales eventos que se producen en cualquier sistema informático que se gestione.

Además, este tipo de soluciones informáticas deben garantizar que la información se almacena sin permitir alteraciones, garantizando su conversación. Cada empresa tiene la potestad de remitir, de manera voluntaria, la información a la Agencia Tributaria desde el propio software por medio de la firma digital.

Respecto a la Ley Antifraude en facturación, el principal requisito es que nuestro programa pueda garantizar el registro de cada factura, el envío de estos registros a la Agencia Tributaria y garantice la trazabilidad e inalterabilidad de los registros.

Para prevenir posibles sanciones, es necesario cumplir con todos los requisitos de la Ley Antifraude fiscal y contar con un software de contabilidad y facturación que esté homologado por la AEAT

Esta ley busca acabar con las contabilidades en B, que actúan al margen del marco legal pertinente, evitando cualquier posible desviación de la operativa aceptada y regulada.

Los fabricantes de software de gestión deberán contar con una Declaración Responsable en la que certifican que sus soluciones cumplen con las especificaciones del reglamento Ley Antifraude y la Ley General Tributaria.

Para asegurarse de que nuestros programas son software ley antifraude es siempre imprescindible confiar en soluciones tecnológicas de primer nivel de gestión empresarial.

En Cegid estamos en continua adaptación normativa con el objetivo de estar siempre preparados a las exigencias del marco legal existente.

La Ley Antifraude es el nombre de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164.

El nombre completo de la ley de fraude fiscal de 2021 es Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Si deseas consultar el texto completo de la ley contra el fraude fiscal de 2021 puedes consultarlo en el BOE que se publicó núm. 164, de 10 de julio de 2021, páginas 82584 a 82676.

Puedes consultarla aquí

La mera cumplimentación de una hoja Excel, un Word o realizar una factura a mano, no permite garantizar el cumplimiento de los principios de legibilidad, integridad, accesibilidad, inalterabilidad, trazabilidad y conservación que establece en la Ley.

Deberán adquirir un software adaptado a las especificaciones que se aprueben mediante Orden Ministerial.

La ley 11 2021 antifraude fiscal ya ha entrado en vigor desde el 11 de octubre de 2021 y el reglamento ha sido aprobado en diciembre de 2023 a la espera de la orden ministerial que establecerá la cuenta atrás de 9 meses para adaptarse. La previsión era que este reglamento entrase en vigor a partir de julio de 2024, pero con la celebración de las elecciones generales surgieron dudas al respecto de qué va a suceder con los plazos de la ley Antifraude del 2021 y se prevé que se retrase un año. 

Tanto dentro de Europa como en el resto del mundo ya existen países que han aprobado leyes similares a la ley antifraude del 11 2021 con el objetivo de combatir el fraude fiscal.

Algunos de estos países son Francia, con la Ley de Lucha contra la Fraude Fiscal de 2018, Italia con la Ley de Lucha contra la Evasión Fiscal de 2017, Portugal, con la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal de 2019 o México con la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Algunos países están en la misma fase que la ley de prevención contra el fraude fiscal y próximamente entrarán en vigor los reglamentos y en otros ya funcionan plenamente.

La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, también conocida como la Directiva Anti-Elusión Fiscal, es una normativa adoptada por la Unión Europea (UE) para combatir las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior.  La ley 11 2021 antifraude fiscal es la trasposición de esta directiva europea

Esta Directiva Anti-Elusión Fiscal tiene como objetivo abordar estas prácticas y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales en los países en los que obtienen sus beneficios. La directiva establece una serie de normas y medidas para prevenir la elusión fiscal y asegurar una tributación adecuada y que la ley 11 2021 ha introducido en España. Algunos de los aspectos clave de la directiva incluyen:

• Definición de paraísos fiscales y medidas de disuasión: La directiva establece criterios para la identificación de jurisdicciones que se consideran paraísos fiscales y prevé la aplicación de medidas de disuasión para desincentivar a las empresas de establecer estructuras en estas jurisdicciones con el propósito principal de eludir impuestos.
• Normas para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios: La directiva introduce medidas para prevenir la planificación fiscal agresiva que tiene como objetivo erosionar la base imponible de una empresa y transferir artificialmente beneficios a jurisdicciones de baja tributación.
• Transparencia fiscal: La directiva establece la obligación de los Estados miembros de intercambiar información fiscal de manera automática, con el fin de evitar la opacidad y facilitar la detección de prácticas de elusión fiscal.

Esta Directiva Anti-Elusión Fiscal es solo uno de los instrumentos utilizados por la UE para abordar la elusión fiscal. La Unión Europea ha adoptado otras medidas, como la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC) y la Directiva de Información y Transparencia (DAC6), para fortalecer la cooperación entre los Estados miembros y aumentar la transparencia fiscal.

La ley de fraude fiscal de 2021 introduce cambios significativos en el pago máximo en efectivo para evitar el fraude fiscal. En las operaciones en las que interviene un empresario o profesional, la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas pasa de 2.500 a 1.000 euros. Esto quiere decir que, para este tipo de actividades económicas, cualquier pago mayor a 1.000 euros no se puede hacer ya en efectivo y debe realizarse a través de otros medios de pago, como transferencias bancarias o tarjetas de crédito/débito.

Igualmente, el límite de pago en efectivo se reduce de 15.000 a 10.000 euros para particulares que tengan el domicilio fiscal fuera de España. Por tanto, estos particulares, tendrán que utilizar cualquier otro método de pago diferente al efectivo cuando sea superior a 10.000 euros.

Estos cambios que introduce la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal tienen como objetivo reducir el fraude fiscal y aumentar la transparencia en las transacciones económicas. Al limitar el uso del efectivo en las transacciones, se dificulta la evasión fiscal y se facilita el seguimiento y control de las operaciones por parte de las autoridades fiscales.

En resumen, ley de lucha contra el fraude fiscal introduce cambios muy relevantes en el pago máximo en efectivo para evitar el fraude fiscal, reduciendo los límites para determinadas actividades económicas y para particulares con domicilio fiscal fuera de España.