Nueva directiva Whistleblowing: la ley que protege a quienes denuncian el fraude laboral

La directiva Whistleblowing, también llamada directiva del canal de denuncias, es una normativa que busca proteger a aquellas personas que denuncian infracciones en el ámbito laboral, empresarial o administrativo. De esta manera, se da un paso más a la hora de garantizar la transparencia y combatir la corrupción en los Estados miembros de la Unión Europea.

Esta directiva obliga a las organizaciones de más de 50 empleados a contar con buzón de denuncias, un canal accesible que permita proteger la confidencialidad de la persona denunciante. Asimismo, deben asegurar las garantías de los “soplones” a no sufrir represalias de ningún tipo por “dar la voz de alarma”.

En Europa, esta normativa se reflejó en la Directiva UE 2019/1937, publicada el 23 de octubre de 2019. En marzo de 2023, no sin cierto retraso motivado por la pandemia de Covid-19, entró en vigor la trasposición de la Directiva Whistleblowing en España.

¿Qué deben hacer las empresas para adaptarse a esta nueva directiva? ¿Cómo deben garantizar la confidencialidad y seguridad de las personas informantes? ¿Cómo debe ser el canal de denuncias Whistleblowing?

 ¿Qué es la Directiva Whistleblowing?

La directiva Whistlebowing nació con el fin de proteger a personas que informaran sobre irregularidades, infracciones o delitos dentro de las empresas pertenecientes a la Unión Europea.

Establece, de un lado, los canales a través de los cuales se pueden emitir las denuncias y, de otro, las garantías de protección a las que quedan sujetas las personas denunciantes.

El principal objetivo de esta normativa es precisamente detectar de manera temprana las conductas delictivas y, en especial, animar a quienes sean testigos de ellas a denunciarlo, con la garantía de que tendrán la protección adecuada. Y es aquí donde entra el canal de denuncias como medida de compliance básica e imprescindible para alertar sobre las posibles infracciones.

En definitiva, con la directiva Whistleblowing las empresas están obligadas a disponer de herramientas que protejan a los profesionales que avisen o denuncien prácticas ilegales o infracciones del ámbito laboral.

Contexto legal en Europa: la Directiva 2019/1937

La Directiva 2019/1937, o Wistleblowing, se publicó el 23 de octubre de 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Fue el punto de partida de una regulación que persigue proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, o denunciantes, conocidos coloquialmente con el término anglosajón whisteblowers (persona que hace sonar un silbato o pito).

Con la Directiva (UE) 2019/1937, Europa pretendía garantizar la transparencia y combatir la corrupción en los estados miembros. Para ello:

• Obliga a todas las empresas de más de 50 empleados a implantar un canal de denuncias que, además, garantice la confidencialidad del denunciante.
• Establece determinadas normas y procedimientos para proteger a aquellas personas que den información adquirida en un contexto laboral sobre infracciones del Derecho de la UE, ya sean tanto acciones u omisiones lícitas como prácticas abusivas.

Transposición de la directiva Whistleblowing en España: la Ley 2/2023

Más adelante, el 21 de febrero de 2023, se publicó en el BOE español la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Entró en vigor en marzo de 2023, señalando unos plazos de adaptación para las empresas:

• Las empresas de entre 50 y 249 empleados deben contar con un canal de denuncias antes del 1 de diciembre de 2023.
• Las compañías de más de 250 profesionales debían contar con un buzón de denuncias en el plazo máximo de tres meses. Es decir, antes de junio de 2023.

Igual que en el caso de la directiva europea, su objetivo es el de proteger a las personas que informan o denuncian infracciones en su ámbito laboral frente a las posibles represalias que pudieran sufrir. Lo cierto es que en la transposición de la directiva Whistleblowing en España no se produjo ningún cambio sustancial con respecto al texto europeo, por lo que la regulación final es muy similar a la recogida en dicha directiva. Sí que introducen algunas novedades como:

• Se crea una Autoridad Independiente de Protección al Informante, una autoridad administrativa independiente que dispone de personalidad jurídica propia y tiene plena capacidad de actuar de manera pública o privada con potestad administrativa, consultiva y sancionadora.
• Se introduce la negociación previa con la representación legal de las personas trabajadoras.
• Introduce un régimen sancionador concreto para aquellas personas físicas o jurídicas que obstaculicen el funcionamiento del canal de denuncias o tomen represalias contra los denunciantes.
• Además de a las empresas de más de 50 trabajadores, también afecta a administraciones y entidades públicas, universidades públicas, corporaciones de derecho público y partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones.

El papel de los soplones

Los denunciantes son figuras esenciales para preservar una sociedad transparente y libre de corrupción. Gracias a ellos es posible descubrir a tiempo conductas indebidas y actos ilícitos que pueden atentar contra el derecho y la sociedad en general.

Por eso se creó esta normativa como medida que permitiera proteger mejor a estas figuras de las posibles consecuencias negativas que pudieran sufrir, como el despido, el traslado, la degradación, la intimidación u otras represalias. Así, la Directiva 2019/1937 persigue diferentes objetivos, como:

• Detectar y prevenir las infracciones en una fase temprana y antes de que tuvieran demasiadas consecuencias en el ordenamiento de la UE.
• Promover el cumplimiento normativo a través de medidas de compliance como el propio buzón de denuncias obligatorio para las empresas mayores de 50 empleados.
• Evitar las posibles consecuencias negativas que puedan sufrir los denunciantes.

¿Qué se puede denunciar con la directiva Whistleblowing en España?

La Ley 2/2023, es decir, la trasposición de la Directiva Wistleblowing en España, establece que todas las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un buzón de denuncias que permita informar de manera anónima y confidencial. En cuanto a qué infracciones se pueden denunciar con la directiva Whistleblowing, la normativa contempla:

• Infracciones de normas que regulen los ámbitos de contratación pública, financiero, prevención de capitales, financiación del terrorismo, seguridad de los productos y del transporte, protección del medio ambiente, seguridad de los alimentos y sanidad y bienestar animal, salud pública, protección de los consumidores, protección de la privacidad y los datos personales y seguridad de las redes y los sistemas de información.
• Aquellas que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
• Infracciones relativas al mercado interior, incluidas las infracciones de las normas de la UE en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones de las normas del impuesto sobre sociedades.
• Aquellas infracciones penales o administrativas de carácter grave o muy grave que impliquen quebranto económico para Hacienda y la Seguridad Social.

Se le ha criticado a la Ley 2/2023, además de la tardanza en su entrada en vigor (ya que, según la normativa europea, se debía instalar a finales de enero de 2022) el hecho de que no contemple las infracciones en las que se vea involucrada información confidencial o clasificada.

¿A quién protege la directiva Whistleblowing?

La también llamada ley del soplón protege a todas aquellas personas que hayan tenido relación con la empresa objeto de denuncia. Por supuesto a empleados, pero también autónomos, accionistas y personas pertenecientes a los órganos de administración, dirección y supervisión de la empresa. Asimismo, podrá denunciar cualquier persona que trabaje bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores e incluso personas con categoría de voluntarios o con contratos formativos.

Además, no es necesario que la persona en cuestión se encuentre trabajando para la empresa en el momento de comunicar la infracción. Puede hacerlo aunque la relación laboral ya haya finalizado o incluso si aún no ha comenzado pero ha presenciado infracciones en el proceso de selección o negociación.

La ley también establece la protección de terceras personas relacionadas con el informante en caso de amenazas o represalias.

Por supuesto, las denuncias, ya sean anónimas o formales, deben ser siempre fidedignas y comprobables, no pudiendo ser nunca mal intencionadas o abusivas.

El impacto de la directiva Whistleblower en las empresas

La directiva Whistleblowing puede favorecer a las empresas al promover una cultura basada en la legalidad y la prevención y detección de acciones legales en fases tempranas. Informar sobre conductas irregulares forma parte de la cultura del cumplimiento normativo y el canal de denuncias es un elemento imprescindible en cualquier sistema de gestión de compliance.

Se trata de una ley de recursos humanos que busca garantizar la transparencia y combatir la corrupción en los ámbitos tanto público como privado. Y para ello, la ley del canal de denuncias propone la creación de canales de comunicación específicos similares a lo que sucede con las denuncias anónimas de las inspecciones de trabajo solo que con un protocolo de mayor envergadura cuyo origen está en la Unión Europea.

Cómo adaptar la empresa a la directiva UE 2019/1937

Cada vez que entra en vigor una nueva normativa el equipo de recursos humanos debe realizar una serie de ajustes. Ya sucedió con la ley de control horario de jornada laboral o la ley del teletrabajo, por ejemplo. En el caso de la directiva 2019/1937, las modificaciones surgen dentro de las circunscripciones de la protección de datos y la comunicación interna. ¿Qué deben hacer las empresas para adaptarse? Esta normativa establece, en especial, cómo debe funcionar el buzón de denuncias dentro de las empresas. También marca las pautas que las organizaciones deben seguir a la hora de implementarlo, gestionar las denuncias y garantizar la confidencialidad y seguridad de las personas informantes.

• Las organizaciones públicas y empresas privadas deben establecer un canal de denuncias interno que garantice la confidencialidad y permita emitir comunicaciones de carácter anónimo.
• Además, debe haber una persona o departamento responsable del seguimiento de las denuncias y de acompañar al denunciante.
• Esta persona o departamento responsable debe proporcionar al denunciante un acuse de recibo en un plazo inferior a 7 días y debe responder a la denuncia en un plazo no superior a 90 días tras el acuse de recibo.

Software de recursos humanos para cumplir con la directiva Whistleblowing

Aunque a priori pueda parecer una directiva difícil de cumplir, lo cierto es que un software de gestión de recursos humanos te puede ayudar, y mucho, a la hora de configurar un buzón de denuncias.

Por ejemplo, en Cegid Visualtime contamos con una herramienta pensada para facilitar la realización de encuestas que actuará como un canal. Gracias a ella podrás conocer el clima laboral que se respira en tu organización, elaborar cuestionarios de satisfacción y saber si hay algo que debería ser detectado a tiempo. Y algo muy importante: las encuestas pueden ser respondidas de forma anónima. Ya conoces los plazos de implantación de la directiva Whistleblowing: las empresas que tienen más de 250 empleados deberían contar ya con un buzón de denuncias y las que tienen entre 50 y 250 deben hacerlo antes de final de año. No lo dilates más y cumple ya con la normativa europea.

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