Ya se ha publicado en el BOE el Real Decreto que regula la factura electrónica obligatoria en las operaciones entre empresas y profesionales, culminando así uno de los desarrollos normativos más relevantes en materia de digitalización empresarial en España.

Esta medida, enmarcada en la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, tiene como objetivo principal reducir la morosidad, mejorar la transparencia en los pagos y aumentar la eficiencia administrativa del tejido empresarial.

El nuevo sistema introduce la obligación de utilizar facturas electrónicas en formato estructurado, lo que permitirá registrar electrónicamente todo el ciclo de vida de la factura: emisión, recepción, aceptación y pago.

Este enfoque no solo facilita la automatización de procesos contables, sino que también permite a la Administración supervisar los plazos de pago, un aspecto especialmente relevante en un contexto en el que España presenta periodos medios de pago superiores a los límites legales.

Uno de los elementos clave del modelo es la coexistencia de:

• Plataformas privadas de facturación electrónica, que deberán ser interoperables entre sí
• Una solución pública gratuita, desarrollada por la Agencia Tributaria

Este sistema garantiza que las empresas puedan elegir su proveedor tecnológico sin generar dependencias, asegurando al mismo tiempo la conexión entre todos los operadores.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda está desarrollando la orden ministerial que regulará esta solución pública, cuya tramitación ya fue sometida a consulta pública y se prevé completar en 2026.

La aprobación del Real Decreto llega tras varios años de desarrollo normativo. El proyecto ha pasado por dos periodos de audiencia pública, el último de ellos en 2025, en los que se han recogido aportaciones del sector para ajustar aspectos técnicos y operativos.

Además, esta normativa se complementa con otros desarrollos como el reglamento de sistemas de facturación (Verifactu), orientado a reforzar el control fiscal y la integridad de los registros.

La implantación será progresiva:

• Empresas con facturación superior a 8 millones de euros: 1 año desde el desarrollo completo
• Resto de empresas y autónomos: 2 años

Los plazos comenzarán a computar desde la publicación de la orden ministerial que desarrolle la solución pública de facturación electrónica.

La nueva obligación supone un cambio estructural en los procesos administrativos de las empresas:

• Eliminación progresiva del papel y del PDF como formato principal
• Automatización contable e integración de datos
• Mayor control sobre cobros y pagos
• Nuevas obligaciones tecnológicas y de interoperabilidad

En definitiva, la factura electrónica deja de ser una opción para convertirse en un estándar obligatorio en las relaciones B2B.

La aprobación del Real Decreto marca el inicio de una nueva etapa en la digitalización empresarial en España. Aunque aún quedan desarrollos pendientes —especialmente la orden ministerial de Hacienda—, el marco normativo ya está definido y las empresas deben comenzar a prepararse.

La factura electrónica no solo será una obligación legal, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia, reducir costes y ganar visibilidad sobre los procesos financieros.